Conversatorio “La nueva SCJN y el futuro del Poder Judicial”

Organizado por Documenta. Análisis y acción para la justicia social, la Fundación Konrad Adenauer México y Juicio Justo, este espacio de diálogo se centró en analizar, desde una perspectiva técnica, los efectos de la reforma judicial sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El encuentro, moderado por María Elena Cantú, reunió a Melissa Ayala, Cassem Velázquez, Dania Galicia y Luis Tapia, quienes coincidieron en que, a cinco meses de la nueva integración de la SCJN, el debate ya no puede sostenerse únicamente en promesas o posturas ideológicas, sino en resultados verificables.

Uno de los puntos de partida del conversatorio fue el contexto político e institucional en el que surgió la reforma. Melissa Ayala mencionó que el rediseño del Poder Judicial forma parte de un proceso más amplio de cuestionamiento a los contrapesos institucionales en el país. Señaló que la reforma se impulsó bajo la promesa de acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer su legitimidad democrática, pero advirtió que existe una distancia importante entre ese discurso político y la operación cotidiana del sistema de justicia.

Un tema recurrente durante la discusión fue la importancia de la transparencia y de contar con información pública suficiente. En este contexto, Velázquez advirtió que la falta de estadísticas actualizadas sobre la actividad de la SCJN dificulta realizar evaluaciones rigurosas sobre su funcionamiento y abre espacio a debates basados en percepciones. Galicia coincidió en este punto al explicar que, durante el monitoreo realizado por Di-sentir sobre los primeros meses de funcionamiento de la Corte, se identificaron dificultades para acceder a información consistente que permita analizar con mayor precisión su desempeño.

A partir de ese monitoreo también se observaron algunos cambios en la forma en la que la Corte está operando en esta nueva etapa. Galicia señaló que uno de los aspectos observados fue el intento de abrir espacios de participación ciudadana, como las audiencias públicas en las que se invitó a personas con discapacidad a presentar sus opiniones sobre asuntos que estaban siendo discutidos por el tribunal. No obstante, advirtió que aún es necesario analizar cómo estos ejercicios se reflejan en las decisiones finales de la Corte.

Tapia, por su parte, señaló que la atención pública hacia las decisiones del tribunal ha aumentado, lo que puede contribuir a un mayor escrutinio sobre su actuación. También destacó algunos cambios institucionales derivados de la reforma, como la desaparición de las salas de la Corte y la concentración de las decisiones en el pleno, lo que podría fortalecer la deliberación pública, aunque también representa retos para la capacidad operativa del tribunal. Al mismo tiempo, advirtió sobre otros riesgos, entre ellos la posible normalización de reuniones públicas entre ministras o ministros y actores políticos, lo que podría afectar la percepción de imparcialidad del tribunal.

Más allá de las posiciones sobre la reforma, el debate dejó claro que la legitimidad del sistema judicial dependerá cada vez más de su desempeño y de su capacidad para actuar con transparencia, independencia y consistencia en sus decisiones. En ese sentido, el seguimiento constante al trabajo de la Corte será fundamental para evaluar si los cambios introducidos por la reforma logran fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de derecho en México.

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