Ceses masivos de personas operadoras de justicia: hallazgos y lecciones desde América Latina

Los ceses masivos de personas operadoras de justicia se han convertido en un fenómeno recurrente en distintos países de América Latina, frecuentemente bajo el argumento de fortalecer o modernizar los sistemas de justicia. La reforma judicial mexicana de 2024, que derivó en el cese de cientos de personas juzgadoras, se suma a experiencias previas en la región, como los ceses ocurridos en Perú, Bolivia y El Salvador. Organizado por la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juicio Justo, la Fundación Konrad Adenauer, y la Asociación Mexicana de Juzgadoras, el evento reunió a personas expertas de la región para analizar este fenómeno y reflexionar sobre los criterios para distinguir entre reformas legítimas y procesos de captura institucional, así como sobre los desafíos que enfrenta el sistema interamericano para responder a este tipo de fenómenos.

En el panel de discusión, las personas expertas coincidieron en que los ceses masivos no siempre ocurren en un solo momento ni mediante destituciones abiertas, sino que pueden desarrollarse de forma progresiva a través de la precarización de las condiciones laborales, retiros forzados disfrazados de voluntarios y traslados administrativos. En el caso mexicano, se señalaron efectos sistémicos que van más allá de las afectaciones individuales: el debilitamiento de la carrera judicial, el rezago en la resolución de casos, y un proceso más amplio de politización del poder judicial.

Desde la experiencia de quienes fueron directamente afectadas por el cese, se planteó que su reparación no puede limitarse a la restitución individual, sino que debe incluir la reconstrucción institucional y garantías de no repetición, advirtiendo que algunos efectos, como la pérdida de experiencia judicial acumulada y la erosión de la confianza pública en el poder judicial, podrían ser irreversibles. Asimismo, se subrayó que este fenómeno no afecta únicamente a las personas juzgadoras, sino que tiene consecuencias directas para la ciudadanía, en la medida en que puede alejar el acceso efectivo a la justicia.

Las reflexiones compartidas apuntan a que los ceses masivos de personas operadoras de justicia representan un riesgo estructural para la independencia judicial y el Estado de derecho en la región. En este contexto, persiste la necesidad de desarrollar estándares internacionales más precisos para evaluar la legitimidad de estos procesos, así como de generar espacios de análisis que acompañen tanto la documentación de sus consecuencias como la construcción de alternativas institucionales a futuro.

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