Conversatorio “La nueva Reforma Judicial: alcances, mitos y realidades”

En el marco del ciclo de conversatorios “La reforma al Poder Judicial bajo la lupa”, organizado por Documenta. Análisis y acción para la justicia social, Juicio Justo y la Fundación Konrad Adenauer, se llevó a cabo un espacio de diálogo sobre los alcances y pendientes de la reforma judicial mexicana, tras la aprobación de una segunda reforma que pospuso las próximas elecciones judiciales para 2028.

Entre los temas de mayor coincidencia estuvo la falta de mecanismos sólidos para evaluar y certificar a las personas aspirantes a cargos judiciales. Durante el primer proceso electoral, los comités de evaluación aplicaron criterios distintos entre sí y la segunda reforma tampoco resuelve de fondo este problema, pues deja sin definir cómo operará en la práctica la nueva comisión coordinadora de dichos comités. Asimismo, las boletas con un número muy elevado de candidaturas dificultaron un voto informado, lo que abrió el espacio al fenómeno de los acordeones como mecanismo de inducción del voto, un problema que tampoco desaparece con los ajustes más recientes.

La politización del proceso fue otro eje central de la conversación. Se recordó que la Constitución prohibía la intervención de funcionarios públicos y partidos en las elecciones judiciales, pero que en la práctica esto no se respetó durante el proceso de 2025. La exigencia de que las elecciones judiciales se realicen ahora en las mismas casillas que las elecciones ordinarias podría profundizar este riesgo, ya que no queda claro cómo se garantizará que representantes de partidos no intervengan.

Respecto al Tribunal de Disciplina Judicial, se mencionó que su diseño no garantiza una segunda instancia independiente de la primera, y que deja abierta la posibilidad de investigar a personas juzgadoras por el sentido de sus resoluciones. La segunda reforma no corrigió este esquema, por el contrario, amplió las atribuciones de este tribunal al otorgarle también la capacitación y actualización de las personas juzgadoras.

Detrás de estos temas persiste una misma conclusión: ninguna de las dos reformas atiende de fondo problemas estructurales del sistema de justicia, como la ineficiencia de las fiscalías, los altos índices de impunidad o las barreras de acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad.

Te invitamos a ver el evento completo aquí: