Conferencia Internacional de Justicia Abierta

Laurence Pantin, directora de Juicio Justo y co-coordinadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, participó en la Conferencia Internacional de Justicia Abierta en Santo Domingo, República Dominicana. El evento, organizado por el Poder Judicial de la República Dominicana y la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) en alianza con Open Government Partnership, reunió representantes de poderes judiciales, sociedad civil, organismos internacionales y academia de distintas regiones del mundo.

La Dra. Pantin formó parte, junto con Andrew Solomon (Lead Justice Collaborator, Rule of Law IDEAS CoLab), Humberto Salazar (Director de la Fundación Esquel, Ecuador) y Mauricio Silva Cancino (Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile), del panel moderado por Carlos Mas Velez (Presidente de RIJA) sobre ¿Cómo superar las amenazas a la justicia abierta?.

Durante su participación, explicó que en México, como en otros países de la región, se habían impulsado políticas de justicia abierta, especialmente desde los poderes judiciales estatales y organizaciones de la sociedad civil. Mencionó casos como los de Querétaro, Yucatán y Guanajuato, que implementaron iniciativas de transparencia, participación ciudadana y atención directa a las personas. Estos esfuerzos, señaló, buscaban acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas.

Al ser consultada sobre cómo las reformas recientes podrían afectar las políticas de justicia abierta, advirtió que éstas amenazan con revertir los avances alcanzados. La reforma judicial, presentada como una vía para acercar la justicia a las personas y democratizar las instituciones, no incluye políticas de justicia abierta en su diseño. Además, estableció la remoción de todas las personas juzgadoras en funciones y su elección mediante voto popular, así como la desaparición de los consejos de la judicatura. Estos cambios, explicó, podrían desmantelar los mecanismos y estructuras que sostenían las políticas de justicia abierta, además de poner en riesgo la continuidad de la información pública que hasta ahora se encontraba disponible. A esto se suma la reforma a los órganos constitucionales autónomos, que implicó la desaparición de los institutos de transparencia estatales y federal, sustituyéndolos por órganos dependientes del Ejecutivo. La Dra. Pantin señaló que esto representa un retroceso significativo, ya que el nuevo organismo nacional, Transparencia para el Pueblo, ha rechazado la mayoría de las solicitudes de información, lo que ha limitado el acceso a información pública justo cuando resulta más necesaria para monitorear la implementación de la reforma judicial.

Frente a este panorama, destacó que, aunque la reforma judicial no contempla medidas específicas de justicia abierta, algunas de las nuevas personas electas han mostrado interés en incorporar la justicia abierta en sus programas de trabajo. Y si bien muchas de ellas no cuentan con experiencia previa o conocimiento técnico sobre cómo implementarla, considera que esto abre una ventana de oportunidad para que la academia y la sociedad civil colaboren con las nuevas autoridades en el diseño de políticas efectivas y centradas en las personas.

No obstante, reconoció que esta tarea tiene obstáculos. La sociedad civil mexicana enfrenta un contexto complejo, marcado por recursos limitados, polarización y condiciones adversas para su labor. Además, persiste un debate interno sobre la conveniencia de colaborar con las nuevas autoridades judiciales, cuya legitimidad se ha visto debilitada por la escasa participación en las elecciones y la intervención de actores políticos.

Aun así, la Dra. Pantin subrayó que, precisamente porque la reforma judicial implica riesgos, no debe perderse la oportunidad de incidir en el diseño de políticas que amplíen el acceso a la justicia y pongan a las personas en el centro. La justicia abierta, concluyó, solo será posible si las autoridades judiciales están comprometidas y dispuestas a colaborar y la sociedad civil tenga la voluntad y la capacidad de construir junto a ellas.