Conversatorio “Jueces sin rostro”

Como parte del ciclo de conversatorios “La reforma al Poder Judicial bajo la lupa”, organizado por Juicio Justo y Documenta. Análisis y acción para la justicia social, se llevó a cabo el espacio de diálogo “Jueces sin rostro en México”. La sesión reunió a especialistas de distintos países de la región para analizar los retos, alcances y consecuencias del modelo de personas juzgadoras con identidad reservada, así como sus posibles implicaciones para el sistema judicial mexicano.

En la apertura, Úrsula Indacochea, directora de programa en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que este modelo no es nuevo en América Latina y que su implementación en otros países no ha resuelto los problemas de seguridad judicial. Por el contrario, ha puesto en riesgo tanto la independencia de las personas juzgadoras como el derecho de las personas a un debido proceso.

Desde Perú, Cruz Silva, coordinadora de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, explicó que las propuestas de jueces sin rostro suelen surgir en contextos donde el Estado no sabe cómo enfrentar al crimen organizado y busca respuestas rápidas a problemas estructurales. En su país, esta figura derivó en graves violaciones a derechos humanos y en sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Subrayó que la falta de transparencia favorece la impunidad, impide el control ciudadano, debilita la confianza pública en la justicia y limita mecanismos que podrían contribuir a proteger a las y los jueces.

Sonia Rubio, consultora salvadoreña especializada en derecho internacional de los derechos humanos, advirtió que, aunque el discurso oficial suele presentar esta medida como una forma de protección, en realidad implica una regresión en materia de transparencia y rendición de cuentas. Su implementación en El Salvador, señaló, ha ocurrido en un contexto de cooptación institucional y concentración del poder, profundizando la opacidad en los nombramientos y debilitando los mecanismos de control.

Por su parte, Antonio Suárez Niño, presidente del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, relató que la figura de jueces sin rostro en Colombia fue finalmente eliminada tras comprobar sus efectos negativos. Señaló que esta medida se utilizó como herramienta de lucha contrainsurgente, derivando en violaciones masivas de derechos humanos y en la deslegitimación del sistema de justicia. Asimismo, advirtió que el combate al crimen organizado no puede recaer únicamente en el poder judicial y llamó a reflexionar con realismo sobre las desventajas de adoptar esta medida, subrayando que la protección de las personas juzgadoras no debe lograrse a costa del debido proceso ni de las garantías judiciales.

En el cierre, Úrsula Indacochea subrayó que las amenazas contra las personas juzgadoras forman parte de la operación del crimen organizado y deben abordarse desde una comprensión estructural del fenómeno, no mediante medidas aisladas. Implementar un modelo de jueces sin rostro, advirtió, no sólo resulta ineficaz, sino que puede abrir la puerta a violaciones de derechos humanos y a un retroceso en la independencia judicial.

Las personas expertas coincidieron en que la seguridad judicial no puede alcanzarse mediante el anonimato, sino fortaleciendo instituciones y estableciendo mecanismos verificables de rendición de cuentas y protocolos de protección integrales. Entre las alternativas señaladas se mencionaron traslados temporales, protección digital, acompañamiento psicosocial y el fortalecimiento de la carrera judicial. Destacaron, además, la importancia de que México cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la protección efectiva de quienes imparten justicia.

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