Conversatorio “Acceso a la justicia post elecciones”

Laurence Pantin, directora de Juicio Justo y co-coordinadaora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, participó junto con Úrsula Indacochea (Fundación para el Debido Proceso) Fabiola Martínez Ramírez (Tecnológico de Monterrey) e Itzel Checa (Observatorio de Designaciones Públicas) en el conversatorio ¨Acceso a la justicia post elecciones¨ organizado por Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social. Durante el conversatorio, se abordaron distintos aspectos de la reforma judicial y sus posibles efectos en la atención a la ciudadanía, la independencia judicial y los mecanismos de evaluación de las nuevas personas juezas y magistradas. 

La Dra. Pantin explicó que la reforma judicial no introduce cambios sustantivos en los procedimientos de denuncias, audiencias o atención a la ciudadanía y subrayó que las denuncias penales seguirán dependiendo de las fiscalías, instituciones que no fueron tocadas por la reforma y que seguirán con las mismas deficiencias en su atención al público. Respecto a las quejas contra el personal judicial, recordó que hasta ahora podrían presentarse de manera sencilla a través de un formato electrónico del Consejo de la Judicatura Federal o de manera presencial en sus oficinas. Con la reforma, estas denuncias pasarán al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, aunque todavía no está definido si se mantendrán opciones electrónicas o presenciales para tramitarlas, ni cómo será la atención que ofrecerá este órgano. Lo que sí cambia de manera significativa es el alcance de las conductas que podrán investigarse y sancionarse, con la posibilidad de denunciar a las personas juzgadoras por el sentido de sus resoluciones, un aspecto que representa un riesgo para la independencia judicial de acuerdo con estándares internacionales. 

En cuanto a la rendición de cuentas, señaló que la ley contempla la publicación de los resultados de las evaluaciones de desempeño, lo que puede permitir a la ciudadanía contar con información para futuros procesos de elección. Indicó que este aspecto cobra especial relevancia, dado que los nuevos poderes judiciales enfrentan un déficit de legitimidad derivado de la baja participación ciudadana y de la manera en que se desarrolló la elección. Frente a esto, destacó la necesidad de impulsar prácticas de justicia abierta – como sesiones públicas, sentencias redactadas en un lenguaje más accesible y mayor transparencia -, sobre todo en un contexto de debilitamiento del acceso a la información. 

Finalmente, reiteró que esta no era la reforma judicial que se necesitaba y que, por lo visto hasta ahora, puede empeorar las condiciones actuales. No obstante, mencionó que con el tiempo podrían implementarse ajustes que mitiguen algunos problemas, e insistió en que para evaluar los efectos será indispensable contar con datos y promover ejercicios de auditoría ciudadana, sin perder de vista la necesidad de proteger la independencia judicial. 

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