Foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”

En el marco del Foro convocado por la Comisión de Justicia del Senado de la República, la Red por la Independencia Judicial y el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) presentamos, junto con varias organizaciones integrantes de la Red por la Independencia Judicial y especialistas de la academia, propuestas para corregir los problemas observados durante las elecciones judiciales de 2025.

Varias de las intervenciones partieron de un mismo reconocimiento: las elecciones judiciales no son el método idóneo para seleccionar a las personas juzgadoras, pero al ser el mecanismo actualmente vigente —y ante la falta de consenso para modificarlo de fondo— es necesario enfocar los esfuerzos en mejorarlo.

En materia de paridad de género, se señaló que el manejo que se le dio a este principio en las elecciones judiciales fue deficiente y afectó tanto la legitimidad de las mujeres que obtuvieron un cargo mediante los ajustes de género aplicados por el Instituto Nacional Electoral, como el diseño de las boletas, lo que a su vez impactó el derecho al voto y la equidad de la contienda. Frente a esto, se propuso que, en lugar de que mujeres y hombres compitan entre sí por los mismos espacios, se defina de antemano qué cargos serán disputados por cada género, de forma que dentro de cada categoría gane quien obtenga más votos.

Otras propuestas se enfocaron en el problema de los acordeones y la inducción del voto: se planteó tipificar como delito su uso, retirar la elegibilidad a las personas candidatas que aparezcan en ellos, y prohibir el ingreso a la mampara con dispositivos electrónicos o la toma de fotografías a las boletas. A esto se sumó la propuesta de fortalecer la selección de las candidaturas mediante un sistema de certificación obligatoria, a cargo de cuerpos colegiados que garanticen la confiabilidad, transparencia y legitimidad de los resultados.

También se subrayó la importancia de la transparencia en los procesos de evaluación: se planteó que los Comités de Evaluación deben publicar su metodología, criterios, expedientes de las candidaturas y resultados, retomando como referencia el caso de Honduras, donde se designa a un oficial de transparencia en cada proceso de selección judicial. En la misma línea, se propuso que la evaluación de las personas juzgadoras quede a cargo del Órgano de Administración y no del Tribunal de Disciplina, dado que este último es un órgano sancionador y no uno enfocado en la mejora continua del desempeño.

Fortalecer las reglas, garantías y controles de las elecciones judiciales –mientras sigan siendo el mecanismo vigente– se perfila como la tarea pendiente para asegurar procesos más confiables y legítimos.