Foro “La reforma judicial: los retos de su implementación”

Laurence Pantin, directora de Juicio Justo y co-coordinadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, participó en el foro de discusión “La reforma judicial: los retos de su implementación”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM).

En la mesa “La elección judicial: opacidad e incertidumbre”, moderada por Josafat Cortez (FCPyS-UNAM), la Dra. Pantin presentó algunas recomendaciones para los siguientes procesos de elecciones judiciales derivadas de los principales hallazgos del ejercicio de observación electoral organizado por Juicio Justo, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y Coparmex.

En su intervención, destacó que la complejidad de las boletas marcó profundamente el desarrollo de la jornada electoral. Señaló que, al ser novedosas y difíciles de entender, muchas personas recurrieron a acordeones impresos o digitales. La observación electoral también reveló votación en grupo y solicitudes de asistencia de personas sin necesidad aparente, lo que abrió la puerta a apoyos indebidos por parte de funcionarios, observadores e incluso líderes comunitarios. Además, explicó que fue frecuente encontrar votantes tomando fotografías de sus boletas, una práctica que sugiere posibles mecanismos de coacción o intercambio de favores o beneficios.

En respuesta a estas problemáticas, la Dra. Pantin planteó una serie de recomendaciones para simplificar el proceso de votación y reforzar la libertad del sufragio. Propuso, entre otras medidas, escalonar la elección de personas juzgadoras para reducir el número de cargos judiciales en juego en una sola elección; limitar las postulaciones a tres candidaturas por cargo; y rediseñar las boletas para evitar que las personas votantes tengan que escribir el número de su candidatura elegida, además de incluir mayor tamaño de letra e incluso fotografías de las personas candidatas. Aclaró que estos cambios requerirían ajustar los criterios de paridad de género y prohibir candidaturas duplicadas. También subrayó que, para garantizar la libertad del voto y evitar su compra, resulta indispensable prohibir acordeones y la toma de fotografías, así como impedir el acceso a mamparas con celulares, medidas que deben acompañarse de protocolos específicos para las personas funcionarias de casilla.

En cuanto al cómputo de votos, puntualizó que este proceso tuvo características inéditas, pues se realizó en consejos distritales y no en casillas, lo que volvió crucial el traslado seguro de los paquetes electorales. Señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no implementó medidas reforzadas de custodia y que un porcentaje considerable de recolecciones se realizó sin supervisión de fuerzas de seguridad. Además, el cómputo se prolongó durante nueve días y estuvo a cargo de personal auxiliar, lo que dificultó la observación y el cotejo adecuado por parte de quienes observaban el proceso. Ante ello, recomendó reformar la ley para obligar a que fuerzas de seguridad custodien todos los traslados, estandarizar medidas de resguardo y permitir auditorías ciudadanas del sistema informático utilizado.

Con respecto a las personas observadoras electorales, indicó que muchas de ellas no se enfocaron en observar los procedimientos electorales, sino en vigilar quién acudía a votar, incluso utilizando hojas con números que representaban a personas de la comunidad. Este fenómeno, sumado al desconocimiento generalizado sobre sus derechos y obligaciones, generó condiciones propicias para la coacción del voto. Por ello, propuso definir con mayor claridad el marco de actuación a las personas observadoras, reforzar filtros para evitar que sean representantes partidistas o servidoras públicas y permitir que puedan registrar incidentes durante las elecciones.

El contexto marcado por boletas complejas, debilidades en la cadena de custodia, sistemas de cómputo poco transparentes y una observación electoral desregulada creó un escenario con áreas críticas de mejora. La Dra. Pantin afirmó que las recomendaciones presentadas buscan fortalecer la libertad del voto, garantizar mayor claridad y seguridad en los procesos, y asegurar que futuras elecciones judiciales se desarrollen con integridad y confianza ciudadana.