¿Crónica de un resultado anunciado?

Las elecciones del pasado 1 de junio fueron inéditas no solamente porque era la primera vez que la ciudadanía mexicana estaba invitada a elegir a quienes imparten justicia, sino porque el proceso electoral incluyó muchos aspectos novedosos. Entre ellos, podemos mencionar el modelo de boletas muy distinto de las que solemos ocupar en otros procesos, un manejo diferente de las boletas sobrantes o el procedimiento de cómputo de los votos que se ejerció fuera de las casillas y fuera de los tiempos habituales.

Y, sin embargo –o quizás precisamente por estos aspectos novedosos–, como pocas veces en los años recientes de nuestra democracia, los resultados de esta elección para no pocas personas eran previsibles y, en buena medida, no tendrían que sorprender a nadie.

Por todas estas razones, como co-coordinadora del Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey, me pareció importante observar este proceso electoral histórico. Por ello, participé en un ejercicio colaborativo de observación electoral organizado por Juicio Justo, la Fundación Konrad Adenauer y Coparmex, quienes convocaron a las personas interesadas a registrarse como observadoras y a usar unos formatos homologados para ayudarlas a saber qué observar tanto durante la jornada electoral como en los días de cómputos.

¿Cuáles son los resultados preliminares de este ejercicio colaborativo de observación?

Hasta ahora, obtuvimos 119 observaciones de la jornada electoral, de 22 estados que a reserva de que sean integrados y se presenten en un informe final, nos aportan varios indicios sobre aspectos que se tendrán que cuidar para ejercicios posteriores, si en efecto existe el ánimo de depurar y fortalecer estos procesos.

Entre los principales motivos para la apertura tardía de la casilla, en 55% de las observaciones se mencionó el hecho de que algunas personas funcionarias de casilla no estaban presentes y en 48%, el hecho de que éstas no estaban preparadas para abrirla.

Esto es consistente con la información que el INE compartió en su momento en el sentido de que había sido más complicado y tardado que en otros procesos electorales convencer a la ciudadanía que aceptara ser funcionaria de casilla. Al parecer, incluso cuando accedieron a serlo, el día de la elección algunas personas optaron por no presentarse. En consecuencia, varias casillas abrieron con menos personas funcionarias casillas de las que normalmente deberían haber estado. En otros casos, se solicitó que personas votantes aceptaran sumarse a las personas funcionarias.

Este ausentismo puede explicar en parte por qué las personas funcionarias que sí se presentaron no estuvieran listas. Pero también, en ocasiones, se observó desorganización por parte de éstas. Algunas no sabían armar las mamparas o no sabían cómo organizar la mesa para distribuir las boletas. En algunos casos, no contaron las boletas ni cotejaron los números de folio de las mismas, para asegurar que había una cantidad suficiente de boletas para cubrir la totalidad de las personas registradas en la lista nominal. Esto puede reflejar insuficiente capacitación, un rubro que tuvo que recortar el INE por falta de presupuesto.

Desarrollo de la votación

Ahora, en cuanto al ejercicio del voto, se advirtieron elementos que permitirían sostener que no en todos los casos se ejerció de manera secreta. En 18% de las observaciones, se mencionó que algunas personas ejercieron su voto fuera de la mampara. Muchas veces, eso se debe a que los funcionarios de casilla entregaban las boletas a las personas que iban a votar, pero éstas tenían que esperar para pasar a la mampara y empezaban a votar mientras esperaban su turno.

Pero también, en 10% de las observaciones, se mencionó que en algún momento hubo más de una persona en una mampara (aun cuando la persona que votaba no requería apoyo para votar como sería el caso de personas con discapacidad, por ejemplo). En ocasiones, eran dos personas, pero se identificaron hasta tres en una mampara, sin que las personas funcionarias de casilla reaccionaran ante esta flagrante violación al secreto del voto y posible injerencia en el mismo.

En 60% de las observaciones, se menciona que las personas funcionarias de casilla, representantes del INE, votantes u observadoras dieron apoyo a las y los electores que lo solicitaban sobre cómo votar o usar las boletas, sin por ello interferir con el voto. Pero en 13% de las observaciones, se reportó que alguien indicó a una persona votante por quién votar. En 28% de esos casos fueron las personas funcionarias de casilla, en un caso, fue una persona observadora y, en el 66% restante, otras personas (sin que se pudiera identificar quiénes eran o si tenían algún vínculo o relación con quien votaba). De hecho, en una casilla de Nezahualcóyotl, nos reportaron que una funcionaria de casilla frecuentemente dictaba números a personas votantes o incluso llenaba las boletas en su lugar, sin que ellas le dijeran qué números anotar.

Por otra parte, en 65% de las observaciones, se detectó que algunas personas votaban con un acordeón impreso. Eso no debe sorprendernos, ya que los resultados para las elecciones de personas ministras de la Suprema Corte, magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral han mostrado un alto grado de coincidencia con las listas de candidatos que personas o movimientos vinculados al gobierno o al partido dominante distribuyeron de manera masiva en chats, redes sociales y de manera física.

De hecho, otro elemento llamativo fue el papel de algunas personas observadoras. En varias casillas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, encontramos parejas de personas “observadoras” que nos preguntaban si veníamos también a tomar asistencia. Estas personas tenían hojas que decían “BINGO”, con números que tachaban o enmarcaban con un círculo mientras se desarrollaba la votación. De acuerdo con personas que se dedican a la operación política, estas hojas son usadas por los partidos y otras organizaciones para tomar la asistencia de su clientela. Quienes las llevan son personas de la comunidad y cada número corresponde a una persona de la misma. A las que no se presentan a votar, se les llama por teléfono o se les va a buscar para “invitarlas” a salir a votar.

En algunas observaciones, también se identificó que algunas personas electoras tomaban fotos de sus boletas o incluso se tomaban selfies con ellas, algo que podría sugerir que hubo operaciones de compra del voto o condicionamiento de la obtención o mantenimiento de algún beneficio, como podrían ser inclusive programas sociales, a cambio de éste.

Lo anterior daría elementos para suponer que, pese a las promesas de las personas legisladoras que promovieron la reforma judicial de que en las elecciones judiciales no habría injerencia de partidos ni funcionarios públicos, ese propósito no se alcanzó. Bajo este supuesto, la culpa de esta situación recaería en buena parte en el Tribunal Electoral. Al revocar una decisión del INE que buscaba hacer cumplir el artículo 96 constitucional, que establece que “los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna” y permitir que las personas funcionarias públicas promovieran el voto, se abrió la puerta a una posible operación política con la aparición de los acordeones.

Del cómputo a la asignación de cargos

En cuanto al cierre de la votación, en 12% de los casos, las personas observadoras consideraron que éste no se realizó de manera correcta. En 8%, reportaron que se agregaron boletas que no estaban en las urnas a los paquetes electorales. En un caso, se mencionó que se contó un número mayor de boletas que de personas que habían votado, sin que se realizara un recuento de las boletas sobrantes para averiguar de dónde habían salido las boletas extras.

Por otra parte, en cuanto al traslado de las boletas de las casillas a los consejos distritales, donde se iba a realizar el cómputo de los votos, se observó que no había cadena de custodia de las boletas, pues el traslado de los paquetes electorales se realizó sin acompañamiento de fuerzas de seguridad. De hecho, muchas veces se pudo observar que éstos fueron transportados en taxis de sitio por las personas presidentas de casilla o funcionarias del INE. Si bien se entiende que esto se debe a los limitados recursos del INE, en esta elección más que en cualquier otra, esa cadena de custodia resultaba indispensable. Quizás eso explique que en diez casillas el número de boletas para el cargo de personas ministras haya superado el de la lista nominal, algo que claramente es irregular.

Finalmente, en cuanto al cómputo de votos en los consejos distritales, las observaciones todavía no han acabado, pero todas las que recibimos hasta ahora reportan un proceso de conteo adecuado.

Y bien, ¿qué nos dicen los resultados hasta ahora? Poca sorpresa, si consideramos que los nombres de quienes ocuparán asientos en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, así como la sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, corresponden en su mayoría con los que se promovieron en los distintos acordeones que empezaron a circular en los días previos a la votación, cuya autoría múltiples voces atribuyen al propio gobierno y sus partidos aliados.

El asombro llegó con respecto a la cantidad de votos que ganó cada una de esas personas, la cual determina quién presidirá la Suprema Corte. A todas luces, no será una de las ministras salientes, sino un abogado de origen indígena desconocido para la gran mayoría hasta hace unos días.

Otro sobresalto podría llegar cuando el INE dé a conocer en su sesión del 15 de junio los nombres de las personas magistradas de circuito y juezas de distrito. En efecto, dadas las reglas que aprobó el INE en febrero pasado para lograr, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que por lo menos la mitad de los cargos se asignen a mujeres, es posible que tenga que hacer ajustes que impliquen no darle el cargo a un hombre que haya obtenido la mayor cantidad de votos para asignárselo a una mujer.

Si bien es de celebrarse que la reforma judicial haya previsto la conformación paritaria del Poder Judicial federal en todas las categorías de personas juzgadoras, la manera en que este principio se plasmó en el texto constitucional deja mucho que desear, ya que el sentido común señala que, en cualquier elección, quien obtenga más votos debería ganar el cargo en juego. Los ajustes por paridad de género que realice el INE podrían generar impugnaciones y poner en riesgo la legitimidad de las juzgadoras que obtengan su cargo mediante un ajuste por paridad de género. Flaco favor se les haría. Por esta razón, será importante considerar la posibilidad de garantizar esta paridad mediante otro sistema, que genere menos confusiones.

Documentar para proponer mejores

En conclusión, las elecciones judiciales que acaban de realizarse demuestran la importancia de documentar el proceso de implementación de la reforma judicial, con el objetivo de identificar sus áreas de oportunidad y poder formular recomendaciones para mejorarla. Eso es precisamente lo que estamos haciendo desde el Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey.

Desde su creación en enero de 2025, este Observatorio tiene como propósito impulsar cambios normativos y en las prácticas de las instituciones judiciales que mejoren la calidad, eficacia e independencia de la judicatura, al proponer recomendaciones basadas en evidencia. En el contexto de la reforma judicial, el Observatorio se enfoca actualmente en tres ejes: uno analiza el proceso de las elecciones judiciales y los perfiles de las nuevas personas juzgadoras, otro la jurisprudencia que emiten, y el último se centrará en el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial.

Estamos convencidos de que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar nuestros objetivos, hemos construido alianzas estratégicas con otras universidades y organizaciones nacionales e internacionales, así como con el Heraldo de México. Con este medio de gran relevancia a nivel nacional, firmamos un convenio de colaboración y estamos desarrollando una plataforma en línea de acceso gratuita, llamada el Observatorio Judicial, desde la cual compartiremos datos y analizaremos el impacto de la reforma judicial. Les invitamos a seguirnos en este camino en búsqueda de una mejor justicia.

Este artículo se publicó originalmente en El Mundo del Derecho.